La Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que la concejal del PP de Calvià, Raquel Sánchez fue espiada
Según se desprende del último escrito firmado por los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, se han hallado imágenes de un espionaje a la cargo público del PP en el Consell de Mallorca, Raquel Sánchez, quien es además concejal de los populares de Calvià.
El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, dirigido por el magistrado Manuel Penalva, avanza en la investigación sobre una presunta red de espionaje montada en el seno de la Policía Local de Palma durante la pasada legislatura (2011-2015). Y desde otro juzgado el juez Miguel Florit dirige una pieza separada para investigar el caso de la presunta trama de espionaje dirigida desde el cuartel de San Fernando. Todos los hechos están relacionados con la actuación del denominado grupo SIAP. Se trataba de una unidad especial que se creó para investigaciones internas, si bien se sospecha que en realidad era un grupo que se dedicaba a realizar seguimientos a determinadas personas.
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Raquel Sánchez Collado, concejal del Partido Popular de Calvià, aparece en unas grabaciones que han sido recuperadas. La Policía Local de Palma, a través de agentes que pertenecían a la unidad SIAP (grupo de asuntos internos), realizó labores de espionaje a una destacada política del Partido Popular de Balears entre 2011-2015, según fuentes de la Policía Nacional.
Raquel Sánchez Collado, que además de actual concejal en el ayuntamiento de Calvià, consellera en el Consell de Mallorca, preside en estos momentos la comisión de asuntos jurídicos del Partido Popular de Mallorca. Es decir, por su condición de abogada en ejercicio, es una de las máximas responsables de la asesoría política del partido.
La imagen de esta política de Calvià aparece en unas grabaciones que realizaron agentes de esta unidad policial, que actuaba bajo las órdenes del ex comisario y antiguo número dos del cuartel de San Fernando, Rafael Estarellas, que figura como imputado en la causa de la trama policial. A pesar de que una de las integrantes de esta unidad, la agente Francisca García Castro, una de las personas de máxima confianza del comisario, intentó deshacerse de estas grabaciones, el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional ha logrado recuperarlas.
La Fiscalía interrogará el próximo 2 de octubre a la agente Francisca García Castro, persona de máxima confianza y ayudante del ex comisario Rafael Estarellas (antiguo número dos del cuartel de San Fernando), sobre imágenes y vídeos hallados en su ordenador. También está involucrado otro agente, vinculado a un conocido sindicato y cuyo nombre es Antonio Sastre. La fiscalía imputa cinco delitos a estos tres policías. Les acusa de prevaricación, de un delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio cometidos por funcionarios públicos. También se les acusa de un delito de drogas, así como otro delito de alteración, destrucción u ocultación de documentos oficiales.
Esos agentes formaban parte de una unidad policial que, según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, habría estado operando de forma encubierta usando con fines partidistas los medios públicos de la Policía de Palma para obtener información de rivales políticos, uno de los correos se titula «los concejales que sobran», empresarios o incluso para recabar información sobre casos ya abiertos de corrupción. La fiscalía teme que estos seguimientos a jueces ,fiscales y políticos no se realizaba a iniciativa propia de la Policía Local, sino que se cumplían órdenes de alguien que se situaba en la jerarquía política. En concreto se sospechaba que el que daba las órdenes era el entonces presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, si bien es cierto que no hay ninguna prueba que lo vincule directamente con esta unidad de espionaje.
El asunto está todavía en fase de investigación judicial. El pasado 30 de agosto, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, cuyos agentes llevan años rastreando y actuando contra presuntas tramas de corrupción en la Policía Municipal, entregó al Juzgado un nuevo informe sobre la existencia de esas unidades dedicadas al “espionaje a la carta”.
Según el informe de más de 700 páginas entregado por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la Policía Nacional al juez del caso, con estas unidades -el SIAP y el DASI de la Policía Local creadas en 2012 y 2013- se obtenía información y se reprimía "a cualquiera que pusiera en duda, cualquier actuación por nimia que fuese", si la "maquinaria criminal consideraba que podía ir contra sus intereses".
Otra de las claves en torno a esa trama de espionaje es la carpeta de diez gigas que apareció en el ordenador de la conductora-secretaria de Estarellas. También se analiza si varios agentes adquirieron un equipo muy caro, de alrededor de medio millón de dólares, para realizar escuchas telefónica. Los investigadores tratan de esclarecer para qué se utilizó ese sofisticado aparato y quién financió su adquisición.
En ese informe constatan sus sospechas y aportan el resultado de la reconstrucción informática de archivos de ordenador que fueron borrados tras el estallido del “Caso Sancus”, la macroinvestigación judicial que ha provocado la imputación de decenas de policías locales acusados de delitos de corrupción, pero cuyas principales líneas de investigación siguen aún a día de hoy si haber sido juzgadas.
Entre los hallazgos de los investigadores figuran vídeos, imágenes y grabaciones de audio cuyo contenido ha sido transcrito por los agentes de Blanqueo de Capitales. Todos ellos son archivos que estaban en el ordenador de la secretaria del ex comisario Rafael Estarellas, investigado en esta causa.
En los correos recuperados aparece un archivo que indica, textualmente: "los concejales que sobran, según el PP". Se trata solo del enunciado de una investigación, pero no se aportan más datos. También este grupo de la Policía Local realizó averiguaciones sobre las listas electorales que preparaban los partidos políticos para obtener actas de concejales en el Ayuntamiento de Palma, según este informe.
Aunque muchos de los archivos y documentos fueron eliminados y no se han podido reconstruir en su totalidad, la Policía Nacional ha hallado algunos documentos que han llamado la atención de la Fiscalía Anticorrupción.
Entre otras cosas, imágenes de un hijo de una empleada del ex alcalde de Palma, tomadas en las inmediaciones del instituto público en el que estudiaba.
INTERROGATORIOS
La Fiscalía ha reclamado interrogar el próximo 2 de octubre a la secretaria de Estarellas, Francisca García, para que explique qué hacía esa información en ordenadores de la unidad policial supuestamente creada para depurar actitudes irregulares de policías.
Tanto Estarellas como su secretaria ya declararon en su día por estos y otros hechos y han negado siempre las acusaciones. Sus defensas jurídicas están preparando numerosas diligencias probatorias para tratar de acreditar su inocencia.
«123456789». Esta es una de las dos contraseñas que la agente de la Policía Local, Francisca García facilitó al juez Manuel Penalva y que, según sostiene, permiten abrir la carpeta encriptada y acceder a las diez gigas de información que se le encontraron en su ordenador. Esos archivos informáticos son sobre los que recae la sospecha de contener datos confidenciales de políticos y otras personas que habrían recabado de forma ilegítima los agentes investigados, al frente de los cuales estaría, según creen los investigadores, el entonces comisario Rafael Estarellas.
La policía citada como investigada ya declaró sobre este mismo archivo. En esa ocasión, el instructor del caso, Manuel Penalva, ordenó su ingreso en prisión ante el riesgo de que destruyera pruebas. Esta medida fue modificada por la Audiencia Provincial, que permitió la salida de la cárcel de la policía con el pago de una fianza de 3.500 euros.
El ex comisario Rafel Estarellas reconoció en sede judicial que la idea de crear dicha unidad fue suya y del coordinador del CNI. En los interrogatorios, Estarellas ya tuvo que contestar a las preguntas del fiscal Miguel Ángel Subirán en referencia a un episodio en el que se intervino droga al hijo de una alto cargo de Cort de máxima confianza del alcalde Mateu Isern. El acta de esa actuación no se tramitó y antes de que se produjera se buscaron datos de esa familia en los ordenadores de la policía.
Igualmente, se intenta esclarecer si, como apunta la investigación, la Policía Local ocultó un caso de posible corrupción de un agente que, según una grabación clandestina, podría haber estado apropiándose de parte del dinero que ganaban en la calle los trileros que suelen trabajar en la zona de la Playa de Palma, uno de los epicentros de la noche y eje de las investigaciones sobre presuntas prácticas corruptas. La Fiscalía ha solicitado al Juzgado que analice las declaraciones efectuadas por uno de esos trileros, perteneciente al histórico clan que controla el trile en las calles del Arenal.
La investigación sobre corrupción en la Policía Local estalló en el año 2013 y se inició con una primera investigación sobre el amaño de oposiciones para ascender a plazas de mayor rango en el cuerpo policial.
A partir de ahí, las pesquisas fueron agravándose, provocando la imputación y la detención por orden de la Fiscalía de más de 30 policías, muchos de ellos sospechosos de cobrar comisiones en especie a cambio de tratos de favor. La investigación sobre el presunto espionaje es una causa separada.